Ecuador: renuncias obligatorias
Miguel García, Federación de Servidores Públicos
Se calcula que un promedio de 7000 personas tienen que salir del sector público, entre el 2011 y el 2012. Hagamos cifras. El Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, ha dicho que para este año 3.700 personas quedarán fuera, más unas 1.000 por concepto de jubilación. La mayor parte de esas jubilaciones, voluntarias. Entonces para fines del 2011, se llegará a 4.700. El Ministro de Finanzas, Patricio Rivera, declaró a ecuadorinmediato que un número entre 3000 o 4000 profesores saldrán por jubilación voluntaria. Para ello, se ha puesto un presupuesto de 154 millones de dólares para el 2012. El monto de indemnización por las llamadas renuncias obligatorias es de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio y hasta un valor máximo de ciento cincuenta salarios, que equivale a $39.600, para los que se encuentran amparados bajo la Ley Orgánica de Servicio Público.
Hay distintas acusaciones de los ahora ex servidores públicos: presencia y agresión policial en entidades públicas, personal altamente calificado quedó despedido, se empleó “inteligencia policial” para cometer el despido (afirmado también desde el gobierno), entre otros. Desde la orilla del gobierno se enfatizaron los argumentos: maltrato a la ciudadanía, servidores públicos indolentes, corruptos, además de las consignas políticas de “hacer una revolución profunda en el servicio público”. El ministro Espinoza en una entrevista dijo: que la OIT (que dijo que las “renuncias obligatorias” son una aberración jurídica) es un organismo consultor y nosotros tenemos soberanía; que la compra de renuncias es como un despido intempestivo; que hay un sentido de urgencia y que por eso no se espero una respuesta de la C. Constitucional; que el tema de la inteligencia policial se debe conversar con Edwin Jarrín, Secretario de Transparencia. (Leer entrevista aquí)
La razzia, la poda de servidores, no solo despertó iras, molestias en muchos, sino también inquietudes sobre la dimensión del Decreto. Miguel García, de la Federación de Trabajadores del Ecuador, ha explicado en distintos medios sus argumentos. García ha dicho que la “compra de renuncias obligatorias” es un despido intempestivo, y que la LOSEP garantiza todo para re estructurar el aparato estatal. Además, enfatiza que el tan mentado “literal K”, del artículo 47 (LOSEP), dice: “compra de renuncias con indemnización”. No dice “obligatoria”, que ese término recién viene con el Decreto 813. García explicó también el antecedente,”El 29 de septiembre (previo al 30S, 2010), la Asamblea, con 95 votos, ninguno a favor, rechazó esta propuesta. El presidente no puede incluir esta norma en un decreto posterior (el 813) porque ya fue desechada. Por eso la impugnamos. Debe respetarse la estabilidad de los buenos funcionarios y los malos deben irse, pero sin un solo centavo, a la cárcel”. (Leer aquí) Ante todo esto, García tiene una lectura: que hay un promedio de 90 mil personas con contrato (sin nombramiento) y esos contratos no serán renovados más allá de diciembre del 2012, y como no hay partidas, aplican la llamada “renuncia obligatoria”.
A través de El Ciudadano se conoció que según cifras del Ministerio de Relaciones Laborales, desde el 2007 han sido desvinculados 12 559 funcionarios públicos, de los cuales, solo 2700 son por compras de renuncias. A los restantes, se les ha aplicado mecanismos como la jubilación obligatoria o supresión de puestos. Para buscar una salida ante la fuerte tensión se formó una nueva organización: la Confederación de Trabajadores del Sector Público (cuyo Presidente es Miguel Solórzano, quien labora en la Empresa Eléctrica de Quito). La organización se lanzó desde Guayaquil y contó con la presencia del Presidente Rafael Correa. Fruto de eso, se firmó el Acuerdo Ético – Político. Mientras tanto la Federación y Miguel García siguen a la espera de una respuesta de la Corte Constitucional.
